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La morosidad en los transportes es un problema cada vez más grande en España. Los transportistas llegan a esperar como media más de 80 días para el pago de sus facturas. La nueva regulación de Bruselas establece un plazo máximo de 30 días, que pueden llegar a 60 días si existe acuerdo entre ambas partes, pero su incumplimiento sigue sin estar sancionado. La regulación entró en vigor el 24 de Febrero del año 2013.

Actualmente, los plazos de pago tienen una media de 90 días. Demasiado tiempo según la UE. Tanto la U.E. como muchas empresas exigían una nueva regulación desde hace tiempo, lo que finalmente se ha cumplido con su entrada en vigor el 24 de Febrero de este año. A causa de los excesivos plazos de pago, la economía, el empleo, la competitividad y la propia supervivencia de las empresas se estaban viendo afectadas.  Sin dinero, no hay éxito.

Los camioneros no cobran sus salarios regularmente ni al fin del mes. Las empresas les pagan con un retraso de hasta 2 meses porque ellas mismas también reciben retrasos en los pagos. Es la pescadilla que se muerde la cola.  Mientras tanto, a los trabajadores no les llega el dinero ni para pagar el alquiler y otras cosas básicas. Es como la lotería. Nunca se sabe si se va a recibir algo. A veces, se conforman con cobrar el salario en partes. La nueva regulación permite una mejor transparencia y una mejora en la puntualidad en los pagos.

“Nos parece especialmente trascendente que la transposición de la Directiva 7/2011/ UE de Medidas de Lucha contra la Morosidad no haya introducido el pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días, es decir, que haya fijado un plazo de pago estándar de 30 días ampliable solo hasta un máximo de 60 días si así lo acuerdan las partes”, afirma Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.  Pero según Cañete “quedan algunos resquicios legales que sería conveniente acotar para obtener los resultados previstos”.

Para disminuir las violaciones del plazo de pago, se han propuesto medidas como las siguientes:  Si la factura extendida no puede ser pagada en el plazo previsto, se podrá exigir al deudor un concepto de interés similar al del Banco Central Europeo incrementado en 8 puntos más porcentuales, es decir, en la actualidad se podría exigir un 8.75% de interés de demora. Además,  se podrá exigir al deudor el pago de “una indemnización por todos los costes que le haya originado el cobro de la deuda (devoluciones, etc) a la que se añadirá una indemnización adicional por importe de 40 euros.”

Ahora, solo falta que el gobierno cree un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

 

Fuente: fenadismer.es



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